El gobierno peruano ha dado marcha atrás suspendiendo durante 90 días el decreto conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una de las normas que han provocado las protestas indígenas en el país latinoamericano y que fue declarada inconstitucional por una Comisión creada en el Congreso para investigar su legalidad. Tras los conflictos de la semana pasada el gobierno ha aceptado dialogar con los indígenas a través de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.

Los indígenas lo consideran un paso pero no el fin de la lucha con la que esperan conseguir la derogación de los 7 decretos legislativos que el gobierno elaboró para adaptarse al Tratado de Libre Comercio (TLC) alcanzado entre Perú y Estados Unidos, y que regulan la explotación de los recursos forestales e hidráulicos en la región de la Amazonia permitiendo a compañías extranjeras, como la Repsol, Perenco y  PlusPetrol, acceder a la zona norte del país, rica en petróleo, gas natural y minerales.
La suspensión de la ley llega tras la oleada de condenas, dentro y fuera de Perú, contra los hechos que se produjeron el pasado cinco de junio cuando la policía y el ejército desalojaron la carretera de acceso a la ciudad de Bagua, bloqueada por las comunidades de Awajum y Wampis del Alto Marañón, y que acabó con 28 indígenas y 26 policías muertos, 80 detenidos, más de 150 heridos y decenas de desaparecidos.

Alberto Pizango, líder de los indígenas y culpable de los enfrentamientos según el gobierno que ha ordenado su busca y captura, fue acogido en la embajada de Nicaragua donde ha recibido el asilo político.

La Defensoría del Pueblo Peruano, la Conferencia Episcopal y organizaciones internacionales como  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rigths Watch recuerdan al Estado su obligación de esclarecer lo sucedido:

“Según algunos informes de prensa, los helicópteros de la policía habrían disparado indiscriminadamente contra los manifestantes, lesionando a varios de ellos, incluido un conocido líder y activista indígena…Asimismo, los manifestantes habrían presuntamente agredido violentamente y asesinado a varios policías que habían secuestrado en una localidad cercana … En vista de la gravedad de estas acusaciones, y a fin de asegurar que estos delitos se investiguen y juzguen adecuadamente, es de vital importancia que su Fiscalía realice una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de todos los presuntos crímenes, tanto aquellos cometidos por civiles contra policías, como los cometidos por la propia policía”

A pesar de que se va cumplir una semana, los hechos siguen siendo confusos y los indígenas acusan al gobierno de quemar y arrojar los cadáveres de los nativos al río Marañón para ocultar el número real de muertos. “Hasta tres veces se detuvo el helicóptero para recoger los cuerpos. Eso fue entre ocho y nueve de la mañana del viernes” denuncia Luis Padilla de la comunidad Río Santiago. El gobierno denuncia una conspiración contra la estabilidad democrática del país y ha difundido éste vídeo por los canales de televisión.

Los hechos de la semana pasada fueron la punta del iceberg de un conflicto latente en Perú desde hace casi un año y que se endureció a pricipios de abril cuando más de 30 000 indígenas habitantes de las diferentes provincias de la Amazonia y el Alto Andino comenzaron una campaña de protestas bloqueando carreteras y ríos a lo que el gobierno respondió declarando el estado de emergencia en las siete provincias de la región de Amazonas, suspendiendo durante 60 días los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.
El origen de las protestas está en la elaboración de los decretos en la que Alan García no contó con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que habitan en la zona, incumpliendo así y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que recoge en su artículo 6:
“Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”

Los indígenas exigen tener voz en las decisiones sobre el desarrollo de la Amazonia, y reclaman la derogación de los decretos. Están respaldados por la Defensoría del Pueblo y los obispos de la Amazonia .“Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y  sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control”.

García hace oídos sordos a las críticas y responde a los indígenas: “Las tierras de la Amazonía son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación, son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo que viva allí…Las riquezas de Perú son de todos los peruanos”, los acusa de ser el perro del hortelano.

ONG como Survival International denuncian que más del 70% de la Amazonia peruana ha sido dividida en los últimos años en parcelas concedidas a empresas para la exploración de gas y petróleo, y una serie de descubrimientos amenazan con transformar gran parte de la selva virgen de los indígenas, y según Save Americas Forest desde 2006, año en el que Alan García entró en el gobierno, el número de hectáreas concedidas a las multinacionales ha pasado del 15 al 72%.

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