• La reforma del Código Penal dejará en manos de los jueces si los manteros van a la cárcel, como hasta ahora, o sólo se les impone una multa.
• El Congreso pide al Gobierno que quienes se dedican al top manta no sean condenados a prisión por ser una medida “desproporcionada”.

Daquella manera/ Flickr

En plena gestación de la reforma del Código Penal las voces que piden la despenalización del top manta se hacen cada vez más visibles. Las últimas dentro del propio Congreso, donde PSOE, CIU y UPyD han respaldado una propuesta de Izquierda Unida donde pide al Gobierno que en la próxima reforma del Código “evite la criminalización y el ingreso en prisión” de las personas que venden CDs y DVDs en el top manta.

La iniciativa, una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso, no obliga al Gobierno pero sirve para consolidar y respaldar una exigencia que desde hace mucho tiempo reclaman organizaciones como Ferrocarril o Mbolo Moy Doole y la plataforma “Ni un solo mantero en prisión”. Y se suma al gesto de los jueces de la Audiencia Provincial de Vizcaya, quienes acordaron hace poco más de un mes, como ya comentamos en P+DH, que los delitos que juzguen contra la propiedad intelectual (cds y dvds) o industrial (cinturones, bolsos…) por la venta callejera de mercancía no serán castigados con penas de cárcel.

El ruido llega a un debate al que el Gobierno ya se ha adelantado introduciendo un nuevo párrafo en el artículo 270.1:

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique […] una obra […] sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

Éste artículo es el foco de las principales críticas y la reforma pretende suavizarlo añadiéndole:

“No obstante, en los casos de distribución al por menor [...], atendidas las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, el juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días”.

Pero no es suficiente.“Estamos otra vez dependiendo de los jueces y eso sólo nos lleva a que dos personas en la misma situación sean condenadas según del juzgado que lleve su caso a pena de cárcel o a trabajos en beneficio de la comunidad”, dice Patxi de la Fuente, abogado de Mbolo Moy Doole.

Calafellvalo/ Flickr

La preocupación de las organizaciones no se centra sólo en el presente y futuro de los manteros, también en quienes ya han sido condenados porque tanto la Ley de Extranjería vigente [art. 31] como la reforma que se está tramitando contemplan que para obtener un permiso de residencia el inmigrante no puede tener antecedentes penales, y haber sido condenado por vender en el top manta les cierra las puertas a su regularización. La solución para las organizaciones pasa por que deje de ser un delito, y eso tenga carácter retroactivo para los manteros que ya han sido condenados.

Ante ese dilema se encontrará Alaji si consigue quedarse en España. Es un joven senegalés al que hace dos años la policía detuvo junto a un compañero con una mochila con cds y dvds en Torrelavega. Fue condenado a seis meses de cárcel, 900 euros de multa y a indemnizar con 650 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La pena fue sustituida por la expulsión y el día 3 de julio el juez lo mando a prisión para que no se fugara antes de ser devuelto a su país. Pero el proceso se ha alargado y Alaji no ha sido deportado, está pagando la multa y lleva en prisión 4 meses, 2/3 partes de la condena le impusieron en un principio.

“Está bastante agobiado, sigue en la cárcel, no puede trabajar y no tiene como pagar la multa hasta ahora lo ha hecho con préstamos de sus amigos”. Es la pescadilla que se muerde la cola, sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Alaji espera desde la cárcel la respuesta al indulto que ha solicitado, mientras que el compatriota al que detuvieron junto a él y que también pidió el indulto lo hace desde su casa.”Fue el mismo juicio y la misma sentencia pero resultados diferentes, uno espera la respuesta en libertad y el otro en la cárcel”. A Alaji le han concedido el tercer grado y está a la espera de saber si le dan o no la libertad condicional.

La petición de indulto es la vía que está empleando la plataforma “Ni un solo mantero en prisión” en la campaña que ha emprendido con una red de abogados por toda España para sacar a los manteros de la cárcel, ya han presentado al Ministerio de Justicia 50 solicitudes de los 118 manteros (datos de septiembre) que hay en prisión.