• Amnistía Internacional denucia malos tratos y abusos en los centros terapeúticos de menores
• El Comité contra la Tortura pide a España que investigue las denuncias de aislamiento y medicación

“Me ataban a la silla con la boca tapada, me duchaban con agua fría, y me hinchaban a pastillas. Una vez llegué a perder el conocimiento y me dejaron tumbada en el suelo. Si intentaba contar lo que estaba pasando me decían ‘ten cuidado con lo que hablas’, así me callaban”. Cuando pasó Sara era menor de edad y estaba internada en un centro terapéutico. “Estuve tres años, de los 15 a los 18, sin salir y mi madre ni siquiera sabía donde estaba. Casi no lo sabía ni yo, me tenían siempre sedada. Tomaba cuatro pastillas por la mañana, 3 al mediodía y otras 4 por la noche, me tenían que sentar en una silla de ruedas porque no tenía fuerza”. La vida de Sara, como la de muchos otros menores que pasan por los centros terapéuticos, no ha sido fácil. “Llegan de entornos de pobreza y exclusión estigmatizados, pero en vez recibir ayuda son castigados, aislados, vejados, amordazados e incomunicados, vulnerando sus derechos fundamentales” asegura Elena Estrada, investigadora de Amnistía Internacional.

Hoy existen en España 58 centros terapeúticos donde se trabaja por la reintegración de estos menores con trastornos en la conducta y dificultades sociales. No son delincuentes, ya que sobre ellos no pesa ningún delito, sino adolescentes conflictivos que provienen de familias en su mayoría desestructuradas y con dificultades socioeconómicas que no pueden hacerse cargo de ellos.

En los centros, según el informe “Si vuelvo me mato” de Amnistía Internacional, los menores son con frecuencia castigados sin comer, amorzándoles, prohibiéndoles la visita de sus familiares y obligándoles a permanecer durante horas de pie. En los testimonios recogidos por la organización, los jóvenes aseguran que pasan días e incluso semanas en celdas de aislamiento, “asfixiantes y siniestras…con portones blindados de hierro y paredes forradas con caucho o goma negra, que apenas alcanzan los tres metros sin ventilación ni comunicación alguna… Antes de entrar en estas celdas reclaman, a veces, una medicación que les ayude a soportar el emparedamiento” como las define en otro estudio el Defensor del Pueblo.

Ante comportamientos violentos, los menores son reducidos entre varias personas hasta inmovilizarlo e incluso atarlo, técnicas abusivas y que suelen usarse con frecuencia sin recurrir a otras alternativas menos agresivas según AI. “Una de las veces un vigilante me agarró del cuello y me tiró al suelo, me sujetaron entre dos vigilantes aplastándome contra el suelo y retorciéndome el brazo, había restos de cristales y me corté en la frente” afirma uno de los menores. Otra forma de castigo es la medicación. Amnistía afirma que los jóvenes reciben tratamiento médico sin diagnóstico previo y sin haber sido informados de lo que están tomando. “Si preguntas qué medicamentos son, no te informan ‘tú no tienes por qué saberlo’. Y si te niegas a tomarlos te amenazan o fuerzan mediante contención. Si te resistes puedes acabar atado en una silla o en el banco al sol todo el día donde, si aún te resistes te amordazan (con papel de embalar adhesivo) y te pueden llegar a inyectar algo que te deja KO”. Así lo describen Aránzazu y Esteban (19 y 18 años) que estuvieron internos en Barcelona. En los últimos 6 años 10 adolescentes se han suicidado en los centros españoles.

Amnistía denuncia que existe “oscuridad” en torno a los centros terapéuticos. La mitad de ellos no son supervisados por un juez o fiscal, ni existen resoluciones judiciales para el ingreso de los menores. “Son invisibles. Hay casos en los que los menores no salen del centro en años. Sin una orden judicial, los medicamentan para que no molesten y cuando llegan a la mayoría de edad a la calle, sin formación y sin un futuro” denuncia Estrada. AI asegura que cuando termina su internamiento en los centros la mayoría no han acabado la enseñanza obligatoria y carecen de un entorno social, lo que deriva en la marginación, la delincuencia y la cárcel. “Si se trata de un centro terapéutico, ¿por qué no salen ‘curados’? Salen peor de lo que entraron.”
El informe se centra en los de Andalucía, Cataluña y Madrid que acaparan el 55% de los centros españoles, donde según la organización han encontrado continuas trabas a la hora de llevar a cabo la investigación porque las Comunidades Autónomas le han denegado el acceso a los recintos, ignorado sus peticiones o imponiendo condiciones que dificultaba su trabajo y la libertad de los menores supervisándolos a la hora de realizar sus declaraciones. La Generalitat ha respondido a estas acusaciones negando los malos tratos y asegurando que el trabajo de AI está “tergiversado” y es “demagógico”.

De los 58 centros de toda España, sólo 3 son públicos. El resto están gestionados por convenios con asociaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas o fundaciones como Dianova y O’Belén quienes gestionan un mayor número de centros. Dianova, es responsable de 7 centros y cuenta con un presupuesto de 5 millones de Euros, y O’Belén con alrededor de 12 millones de euros, según los datos de Aministía, y en la actualidad está encargada de 3 centros después de que durante los meses de septiembre y octubre cerrasen dos recintos de Castilla La Mancha. Más del 90 por ciento del dinero que reciben proviene de las Administraciones. “La responsabilidad última es del Gobierno. Es muy grave, porque se ha producido una privatización de la gestión y el Estado ha cometido una dejación de sus funciones por no supervisarlo”, afirma Elena Estrada. Según los testimonios, en los públicos no se cometen esas irregularidades.

En el mes de febrero el Defensor del Pueblo de febrero publicó un informe [pdf] en el que ya alertaba de estas irregularidades en los centros terapéuticos  y por el que el Comité contra la Tortura pidió explicaciones a España, ante la vaga respuesta del Gobierno español el organismo internacional ha reiterado el mes de noviembre su preocupación principalmente por las denuncias de aislamiento y administración de fármacos que contradicen a los artículos 11 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y exige una investigación al Gobierno.