Hicham comenzó la huelga de hambre para forzar una respuesta del Gobierno a la solicitud de asilo por motivos políticos que realizó hace 8 meses, como ya contamos en P+DH. El no ya lo tiene, pero el joven ha anunciado que apelará la decisión, aunque este recurso, cuyo proceso puede durar meses e incluso años en ser resuelto, no paraliza el proceso de expulsión que continúa en marcha y por el que podrá ser devuelto a Marruecos en cualquier momento.

“Una ventolera” sacudió el coche de Vicente. “Al cabo de unos segundos las paredes empezaron a caer una detrás de otra. Todo se cortó de repente”, cuenta en una carta a su familia, “pero pude hablar con el jefe de misión, que nos mandó volver al hospital, que es lo que estaba deseando”. Vicente Rey, pamplonés, es logista de Médicos Sin Fronteras y trabajaba en uno de los tres hospitales que la organización mantenía desde hace años en Puerto Príncipe.

“El hospital me pareció entero, aunque dentro se habían desmoronado las paredes. Una chica del equipo, completamente histérica, me consiguió decir entre los nervios que todos los pacientes habían sido evacuados y que estaban sacando a los últimos niños de la pediatría. Después de una corta conversación con el jefe de misión montamos las tiendas de emergencia para los que pudieran llegar”. Y llegaron.

Mientras tanto, en los otros dos puntos de la ciudad también gestionados por la ONG, el centro de salud de Martissant y un hospital especializado en traumatología, la solución era parecida: destrozado el edificio, los pacientes fueron trasladados al exterior, donde se recibía además a un reguero confuso y malherido de personas que iba llegando desde el centro de la ciudad. Tres semanas después, en Martissant se siguen limpiando heridas y haciendo vendajes a 80 personas cada día. Entre sus camillas han nacido, desde el 12 de enero, 25 niños.

Los equipos se dispersaron también entre el resto de centros médicos de la ciudad y de las poblaciones cercanas. En el distrito de Carrefour, mientras los ingenieros especializados constataban que lo que había quedado en pie del hospital de esa zona podía caer en cualquier momento, se instalaron los equipos en una escuela cercana. Se realizaron 90 cirugías en apenas 24 horas. En otros barrios, como Delmas 77, las clínicas móviles hacen las veces de hospital de campaña.

Loreto Barceló estaba en China. “Acababa de participar en dos operaciones de emergencia en Sumatra y El Salvador y ya me tocaban vacaciones”. Tuvo que dejarlas cuando se constató que lo de Haití desbordaba el dispositivo local. Nos atiende por teléfono desde Puerto Príncipe a sus 8 de la mañana. “Acabamos de distribuir el trabajo; ya están los equipos en marcha”.

La ciudad es un problema. “Lo diferente para mí en este caso es el medio en el que se ha producido: un gran núcleo urbano”, cuenta Loreto. “En el campo, las áreas son abiertas, los accesos son más fáciles. En la ciudad no puedes ni hacer unas letrinas y los hospitales móviles están rodeados de edificios donde se está haciendo limpieza de escombros”.

“Trabajamos desde el minuto 1, porque estamos allí desde 1991″, nos cuenta Carlos Ugarte, portavoz de MSF. Es un error pensar en el médico sin fronteras como un hombre blanco, trabajador circunstancial y ajeno al país donde trabaja. En el momento del terremoto, de los 740 personas de MSF en Haití, 700 eran haitianos. Ocho de ellos murieron en el seísmo. “Seguimos sin saber nada de seis más”. Un grupo de cooperantes belgas hizo una pequeña comprobación entre las casas de 75 compañeros haitianos de MSF: solo uno seguía teniendo su hogar en pie. Loreto nos cuenta que “muchos compañeros locales han perdido a parte de su famila, o su casa, y siguen trabajando. Paradójicamente, a la vez que prestan ayuda, ellos también están siendo atendidos porque lógicamente la situación les está generando muchos problemas de salud mental”.

Han pasado 21 días y, según Carlos Ugarte, “desde el punto de vista médico, la situación sigue siendo crítica. Seguimos en fase de cirujía, es decir, atendiendo a todas esas personas que deberían haber sido atendidas el mismo día de la catástrofe, porque requieren amputaciones u otro tipo de operaciones urgentes”. “Hay gente que está siendo operada por segunda vez”, apunta Loreto desde Puerto Príncipe, “ya que tienen fracturas o lesiones tan graves que les obliga a pasar de nuevo por quirófano”. Con material y formación, el equipo de Loreto está ayudando al personal del Ministerio de Sanidad de Haití a que se haga gradualmente responsable de la situación en los centros públicos. Pero el Gobierno no es capaz ni de proporcionar agua. “Todo depende ahora mismo de la ayuda internacional”, dice Ugarte. “Calculamos que estaremos unos 6 o 7 meses atendiendo a pacientes directamente afectados por la catástrofe”.

El problema logísto, aunque se ha reducido, no es menor. Todavía duelen las vidas que se hayan podido perder por la falta de coordinación en el reparto de ayuda y por las prioridades de Estados Unidos al gestionar la única pista de aterrizaje del aeropuerto de Puerto Príncipe. Médicos sin Fronteras ha denunciado que hasta 6 aviones cargados de material sanitario procedente de los centros logísticos de Panamá y Europa han sido desviados a República Dominicana, desde donde la carga tuvo que ser trasladada por carretera. Según Aitor Zabalgogeazkoa, director general de Médicos Sin Fronteras, “cinco personas murieron en uno de los hospitales gestionados por MSF por el síndrome de aplastamiento, una dolencia que puede tratarse con máquinas de diálisis que no llegaron a tiempo a Puerto Príncipe”.

Síndrome de aplastamiento

Niños con sarampión porque nunca fueron vacunados. Epidemias de meningitis, diarreas, difteria y problemas psicológicos muy graves. En Haití, el ‘milagro’ del rescate no termina cuando las personas salen vivas de entre los escombros, porque eso no le garantiza que vaya a poder vivir mucho más.

“Al salir de las ruinas con los músculos y los tejidos aplastados y dañados, muchas toxinas salen, por ejemplo, de la pierna y se acumulan en la sangre, tanto que a veces los riñones no pueden eliminarlas todas y la única solución pasa por la diálisis”, comenta desde Puerto Príncipe en su blog el nefrólogo Stefaan Maddens. Diálisis en un país en el que, un segundo antes del terremoto, la cobertura sanitaria gratuita no existía para el 95% por ciento de la población.

El equipo de Maddens, que con la logística de MSF puede atender a 35 personas al día, se sorprende de que “tantos días después del desastre todavía se encuentren pacientes aplastados. Hemos visto cómo una gran cantidad eran remitidos a nuestro centro con el síndrome varios días después del seísmo. Para la mayoría de estas personas, esto significa realmente la salvación“.

A las 16 horas, 53 minutos y 9 segundos, líquido inflamable cayó en forma de terremoto sobre el infierno de Haití. En ese mismo segundo, un grupo de personas ya sabía que cuando aquello dejara de moverse, podrían comenzar a ayudar. Porque ya estaban allí.

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Algunos datos

Con las aportaciones de los socios y de los donantes de emergencia, MSF, desde el día del terremoto:

• ha tratado a más de 11.200 pacientes
• ha realizado más de 1.320 intervenciones quirúrgicas.
• ha desplegado un equipo de 1.125 haitianos y 360 extranjeros en 20 localizaciones diferentes.
• ha enviado 31 aviones con 940 toneladas.
• ha perdido a ocho cooperantes, fallecidos en el terremoto, y no saben nada de seis más.
• ha contado con el apoyo de Greenpeace, que le ha cedido uno de sus barcos más grandes cargado de ayuda y combustible.

Una semana después de que se conociera, como contamos en P+DH, que la Policía Nacional no deja cruzar a la península a los solicitantes de asilo acreditados por el Ministerio del Interior con un permiso temporal de residencia en España, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado a P+DH que está al tanto de lo que está sucediendo, pero elude hacer declaraciones y pasa la patata caliente al Ministerio del Interior quien “está estudiando el tema”. Mientras, quince inmigrantes documentados continúan sin poder salir de la Ciudad Autónoma porque la Policía Nacional les prohíbe subir al barco que les lleva a la península. Ante esta situación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) va a presentar una demanda de protección de derechos fundamentales ante los juzgados de Melilla. “Siguen sin poder cruzar, la Policía no nos da más datos y no tenemos conocimiento de que se haya dado ninguna orden por escrito. Queremos que el juez reconozca que se ha lesionado el derecho a la libre circulación de estas personas que recoge la Constitución en su Artículo 19” asegura Mercedes Rubio, abogada de CEAR.

Junto a CEAR, otras organizaciones han dado la voz de alarma, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Con la ley en la mano estas personas están acreditadas como solicitantes de asilo, por tanto tienen residencia legal en España y pueden circular libremente por el territorio español. No tenemos conocimiento de que haya una razón especial que limite este derecho” afirma a P+DH Mª Jesús Vega, responsable de Relaciones Externas de ACNUR en España. El Alto Comisionado está investigando las posibles irregularidades que pueden estar cometiendo y asegura que consultará con las autoridades y recabará toda la información necesaria. El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “preocupación” y anuncia que estudiará el caso.

José Luis Rodríguez, abogado experto en extranjería, denuncia que “estas personas tienen el derecho a circular libremente por todo el Estado, por tanto impedirles salir de Melilla es tanto como no considerar a Melilla parte del Estado. Es una decisión muy peligrosa y, por supuesto, ilegal”. El abogado achaca el silencio de las autoridades a esta ilegalidad. “Saben que están actuando al margen de la ley, por eso guardan silencio. No recuerdo ningún caso en el que se le haya prohibido a un solicitante de asilo en esas condiciones moverse por España. Es muy grave lo que está pasando”.

Un trabajador filipino de 75 años muestra la radiografía que determina su enfermedad por culpa de la exposición al amianto en la construcción de barcos para EEUU (AP Photo / Aaron Favila)

En España no dejará de morir gente por culpa del amianto hasta dentro de medio siglo. La exposición de los trabajadores a este mineral en la construcción de los coches que conducimos, de los barcos en los que enviamos nuestras mercancías o de los edificios en los que trabajamos provoca unos 300 enfermos de cáncer de pulmón al año, que van a ser más cuando a partir de 2015 la enfermedad dé la cara a una generación de currantes que todavía no saben que están afectados. Ahora que su uso es ilegal en la mayoría del mundo rico, el amianto se ha deslocalizado y corre a sus anchas por los pulmones de los países en vías de desarrollo.

Hubo un tiempo, no lejano, en que esos pulmones sin protección eran españoles. Un murciano, ya jubilado, tiene estos días contra las cuerdas a 22 empresas estadounidenses a las que ha llevado a juicio por provocarle un cáncer de pleura. Este trabajador del astillero de Cartagena, junto a otros cientos de compañeros, estuvo expuesto al amianto durante 29 años en la construcción de buques. Las compañías norteamericanas, con la complicidad de las autoridades, ignoraron en España las precauciones reguladas en su país desde los años 70 sobre un material reconocido internacionalmente como muy peligroso.

De aquellos negocios, estas muertes. La última víctima del amianto se llamaba Josu Murua, un trabajador bilbaino del sector naval que falleció el pasado mes de diciembre. Dejó a su mujer embarazada de ocho meses y medio y a una hija de 13 años.

Pero España ya sabe que, aunque sea dentro de 50 años, dejará de enfermar por culpa del amianto, también conocido como asbesto. Desde 2002 es ilegal, como también lo es en el resto de la Unión Europea, Chile, Argentina, Japón, Arabia Saudí, Emiratos Arabes, Sudáfrica o Nueva Zelanda. Los jóvenes que hoy empiezan a trabajar en la construcción en esos países pueden confiar en que sus alveolos estarán protegidos legalmente contra esas partículas que le han destrozado la vejez a sus padres, a sus vecinos o a sus hermanos mayores.

Como España ya no puede ser el cementerio del amianto, las empresas han tenido que buscar a otros a quienes contaminar. Estados Unidos no ha renunciado a encontrarlos dentro de su propio territorio, donde trescientos mil trabajadores siguen en contacto con un peligro, según datos de 2004 de la American Thoracic Society, que causa la muerte de uno de cada 125 hombres mayores de 50 años.

En todo el mundo, cien mil personas mueren cada año por culpa del amianto y más de cien millones de personas siguen respirándolo a diario, lo que asegura un impredecible pero en cualquier caso alto número de muertes durante este siglo. Canadá, siempre vista como la hermana buena de la familia norteamericana, determina parte de estas cifras. Exporta su amianto a lugares como India, Kirguistán, México, Pakistán, Filipinas, Ucrania o Vietnam, donde se puede trabajar y comercial con él con menos riesgo para su imagen, con menos gasto en salarios y con menos coste para su servicio público de salud.

Rusia y China también son líderes en la producción y consumo de materiales con amianto. En China, la mina más importante, que ha recibido premios de calidad por parte de las autoridades, es un campo de trabajo para presos (pdf).

Mina de amianto en Shimiankuang (China) (Foto: CentralAsianTraveler)

“¿Cómo puede ser que haya un contraste tan fuerte entre reacciones rápidas, por ejemplo, con la gripe porcina y la pasividad del mundo político frente a una causa de mortalidad mucho más importante?”, se pregunta en un completo artículo Laurent Vogel, experto en derecho laboral.  Y se responde: “Ha habido un lobby muy activo y coordinado de los grupos industriales” y se ha “arrastrado a sindicalistas en nombre de la defensa del empleo. La enfermedad del asbesto se consideraba como el precio del progreso“.

Vídeo:  melillafronterasur.com

Hicham, que fue miembro del Servicio de Información Militar de Marruecos, no es un desconocido para las autoridades y medios de comunicación españoles. A pesar de tener poco más de 30 años, su historia es ya una complicada madeja de acusaciones cruzadas, contraespionajes, supuestas torturas en cárceles secretas, conspiraciones, periodistas y camuflajes.

La vida le sitúa ahora en Melilla, donde consiguió llegar hace ocho meses para pedir asilo en España por segunda vez. Ocho meses que Bouchti ha vivido con miedo, temiendo que “la policía secreta marroquí vuelva a por mí”. Ayer su caso fue revisado en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, el órgano que toma la decisión definitiva, pero todavía no le han comunicado nada. Su huelga de hambre continúa.

Foto: José Palazón

Feliz y documentado, Kamel compró ayer un billete de barco para cruzar desde Melilla a la península pero no pudo hacerlo. La Policía Nacional se lo prohibió. Kamel es argelino y uno de los quince primeros inmigrantes de la Ciudad Autónoma a los que la nueva Ley de Asilo le ha otorgado la tarjeta amarilla, un documento del Ministerio del Interior que autoriza su estancia temporal en España hasta que obtenga una respuesta a su solicitud de asilo y que le permite viajar por todo el territorio español incluida, claro está, Melilla.

A las doce de la noche zarpaba el barco rumbo a la península, Kamel llegó al puerto una hora antes acompañado de representantes de ONG y varios compatriotas. “Todo fue normal, estaba en la cola y cuando me tocó me dijeron que me pusiera a un lado”. La policía cogió su documentación y lo dejó esperando. Al cabo de un rato, y mientras el resto de viajeros continuaba entrando en el barco, un agente le comunicó que no podía pasar. “Le dijeron ‘tú no subes’, y lo dejaron allí”, afirma José Alonso Sánchez, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla. “Me acerqué, me presenté como abogado y les dije que era ilegal negarle la entrada, que estaba documentado y tenía derecho a subir al barco pero me respondieron que habían llamado a la Jefatura de policía de Melilla y desde allí le habían dado la orden de no dejarle pasar”. No hubo más explicaciones, a pesar de que el reverso de la tarjeta afirma que el titular “queda autorizado a permanecer en España durante el tiempo de validez del mismo”.

Mercedes Rubio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), abogada de Kamel y del resto de solicitantes de asilo a los que se le ha concedido el permiso, asegura que “se están violando derechos fundamentales de los inmigrantes que recogen tanto la Ley de Asilo, como la Ley de Extranjería y la propia Constitución” y anuncia que van presentar una demanda de protección de los derechos fundamentales en los juzgados de Melilla.

Foto: José Palazón

Los acontecimientos de anoche no hacen más que constatar los temores que desde que entró en vigor la nueva Ley de Asilo se han expandido entre los defensores de derechos humanos en Melilla. Al haber disminuido los requisitos para que las solicitudes de asilo sean admitidas a trámite, hay más inmigrantes con autorización para vivir en España hasta que se resuelva definitivamente su caso, más inmigrantes que tienen derecho a entrar en la península. “Estábamos expectantes con la nueva Ley y desgraciadamente intuíamos que podría llegar a pasar una cosa así, por eso ayer fuimos todos, íbamos de observadores” afirma el abogado José Alonso. Con la Ley anterior la mayoría de los casos no pasaban el primer filtro y “los pocos que conseguían la tarjeta amarilla podían viajar a la península sin problemas”. El último cruzó el mes pasado.

La semana pasada, los propios inmigrantes habían denunciado que la policía les advirtió de que aunque estuviesen documentados no les dejaría viajar. “Es un disparate, el día que fueron a recoger los papeles les dijeron que no fuesen a comprar billetes de barco o de avión porque no les dejarían cruzar. Eso ilegal, pero aquí les da igual” asegura José Palazón de Prodein. Junto a Kamel otros 14 inmigrantes han recibido el permiso temporal de residencia. Ayer hicieron una colecta entre todos para pagar el billete del argelino y comprobar si las supuestas amenazas de la policía sobre no dejarles cruzar eran ciertas o todo se quedaba en un intento de desanimarlos. “Es una forma de disuadirlos. Esta gente tiene que hacer grandes esfuerzos para pagarse un pasaje, son personas sin recursos y se ríen de ellos” critica Palazón. De madrugada y después de más de dos horas de espera, Karmel y los compatriotas que le acompañaban, todos con sus tarjetas amarillas en los bolsillos, volvieron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes donde continúan esperando, algunos desde hace meses y otros desde hace años, a que les abran las puertas del barco.

El pasado 27 de diciembre escribía el siguiente texto desde el Hotel Palestina de Bagdad, un lugar prácticamente vacío en el que los guardias se mostraban totalmente relajados, los controles de seguridad eran prácticamente inexistentes y la sensación de normalidad contaminaba la precaución natural que cualquier extranjero debe mantener en Bagdad, sea cual sea la circunstancia. Ayer, menos de un mes más tarde, un terrorista suicida se inmoló frente a la puerta del establecimiento, entre el edificio y el paseo de Abu Noass, punto de referencia de la prensa internacional que recala en la ciudad y teóricamente una de las zonas más seguras de la capital iraquí. Junto al Palestina, los hoteles Sheraton, Al Hamra y Babel han sido también seriamente dañados por una cadena de atentados suicidas que ha dejado 36 muertos, decenas de heridos y un mensaje claro, dirigido al gobierno iraquí en primera instancia: “ninguna zona de Bagdad es segura” y secundariamente a las decenas de periodistas que ya tendrían incluso habitación reservada para la cobertura de las próximas elecciones: “sabéis lo que os espera cuando lleguéis a Bagdad”.

Una madre iraquí con sus hijos frente a su casa destruida por un coche bomba en Bagdad, Irak. 25 enero de 2010. (AP Photo/Hadi Mizban)

La calle Al Saydoun, en Karrada, con terrazas repletas de estudiantes que comen y beben zumos podría recordar a Beirut. Por primera vez, tras viajar desde Basora hasta Bagdad, las mujeres descubiertas son casi tantas como las cubiertas y los tejanos y zapatillas deportivas superan ampliamente en número a los vestidos tradicionales, mayoritarios en el sur del país. Ali Kareem, estudiante de Dirección teatral en la Academia de Bellas artes de Bagdad señala una manzana de construcciones de planta baja: “Son los locales de la comunidad homosexual de Bagdad”. – ¿Y nadie les ataca? . – “No. Ya no”. Assim y Bilal, compañeros de Ali en la Universidad y estudiantes de diseño y escultura, respectivamente, con los que se comparte terraza, aseguran que esa época ya ha terminado. Hay alcohol disponible, terrazas repletas y normalidad casi absoluta. “Sabemos lo que puede pasar en cualquier momento. Pero también que cada vez sucede con menos frecuencia”.

Caminamos hasta Abu Noass, el paseo más transitado frente al río Tigris, en Bagdad. Allí ha sobrevivido una estatua, la del poeta que loa el amor homosexual durante el califato de Harum al Raschid. Se trata de uno de los parques más bellos y pacíficos de la ciudad y parece imposible ahora, con el aire de normalidad que se respira, que en el peor momento de la guerra sectaria que partió la ciudad en varios pedazos hace un año medio, el Ministerio de Sanidad abriese un recuento diario de cuerpos torturados y asesinados que aparecían flotando en el río, frente al lugar en el que nos sentamos a disfrutar de un pic-nic.

En la actualidad, Abu Noass está ocupado una mañana cualquiera, un viernes cualquiera de diciembre por pandillas de jóvenes y familias que disfrutan de la comida en alguna de las terrazas abiertas, parejas de enamorados que pasean cogidos de la mano y partidos de fútbol bajo el sol del templado invierno iraquí en los que un equipo juega con la indumentaria del Real Madrid y el contrario lo hace con la del Barcelona. Sólo rota la calma por helicópteros norteamericanos a los que nadie hace el más mínimo caso – son casi siete años de costumbre- y que despegan desde la Zona verde, situada al otro lado del río, frente a los hoteles Sheraton y Palestina, no sólo totalmente vacíos en la actualidad sino sometidos ya a mínimas medidas de seguridad. Ni siquiera es posible ver las armas, apoyadas en el interior de las cabinas, de los guardias que registran con desgana a quienes entran, cargados con mochilas, al recinto que los hoteles comparten con dos canales de televisión locales.

Ali, Bilal, Assim comen al aire libre y bromean. felices pero no quieren confiarse: “No queremos que transmitas una idea equivocada, el hecho de que estés aquí con nosotros sigue sin ser normal. Eres extranjero. Así que no te separes de nosotros y quédate callado siempre que alguien te pregunte cualquier cosa. Déjanos hablar a nosotros”. Tienen la misma edad. Entre los 20 y los 25 años. Prácticamente no recuerdan el régimen anterior. Y se sienten relativamente libres. “Nosotros no hemos podido elegir y hemos vivido casi toda nuestra vida en guerra hasta un punto en el cual dejas de pensar en ella y te limitas a vivir el día a día. Quizás tardemos un poco más de lo necesario en acabar nuestro estudios porque es necesario trabajar al mismo tiempo pero hacemos teatro, pintamos, vamos a exposiciones, escuchamos música y nos divertimos”.

La definición de Ali de su vida diaria no difiere de la que podría hacer cualquier estudiante de otra universidad en cualquier país mientras espera ilusionado a que se abra de nuevo el teatro del Colegio de Bellas Artes, a punto de ser remozado totalmente por un programa de cooperación del ejército norteamericano. Algo que no parece provocarle ninguna contradicción. “Sí, una vez les pregunté a los soldados que entraban en la Universidad por qué habían asesinado a tantas mujeres y niños iraquíes. No me respondieron. También les pregunté por qué entraban armados en la Universidad. Me respondieron que por seguridad. ¿por la vuestra o por la mía? Silencio. Sólo pienso que deberían irse cuanto antes. Sí, si quieres puedo decirte eso. Pero también que tengo miedo de lo que pueda suceder cuando se vayan. Lamentablemente, no confío en los iraquíes“.

Una mujer iraquí llora frente a su casa destruida después de un atentado con bomba en Bagdad, Irak, el lunes, 25 de enero de 2010. Tres coches bomba aparcados explotaron cerca de tres populares hoteles de Bagdad donde se alojan periodistas occidentales y hombres de negocio. (AP Foto)

Probablemente no exista una relación directa entre la ejecución, pocas horas antes, de Alí el Químico, primo de Saddam Hussein y responsable del exterminio masivo de población kurda durante la campaña militar de Al Anfal a finales de los años 80 por parte del régimen de Saddam Hussein y la reciente cadena de atentados. Pese a su coincidencia. Ali “El Químico” llevaba condenado a muerte casi tres años y todos los analistas daban por hecho que su ejecución no se consumaría.

Los ataques han tenido lugar de manera demasiado ajustada en el tiempo para considerarse una represalia planificada. Pero es casi seguro que la reciente decisión tomada por la Comisión de la Justicia y la Responsabilidad del gobierno iraquí (antiguo Comité de des-baazificación) de no permitir a casi 500 candidatos concurrir a las elecciones legislativas del próximo 7 de marzo acusados de pertenencia al partido Baaz, anunciada hace varios días y que levanta un gran polémica, si puede encontrarse en la base del ataques que devastaron Bagdad ayer. Si alguien pensaba que el enfrentamiento sectario podía darse por finiquitado, probablemente se equivocaba. Es fácil y recurrente culpar directamente a Al Qaeda de cualquier explosión. Corre, en cambio, en boca de todos los iraquíes, el previsible repunte de la violencia antes de la convocatoria electoral y no hemos sido testigos más que de su primera manifestación, que tras un mínimo análisis de contexto, podría perfectamente ser atribuido a la insurgencia suní, la llamada “resistencia”, agrupada bajo diversos nombres y alianzas a grupos supervivientes de la estructura del antiguo régimen baazista.

El pasado diciembre Hassan Oleiwi, dirigente del Partido Comunista de Irak en la ciudad de Najaf respondía a mi pregunta respecto al origen de la situación actual de la siguiente manera: “No habrá paz interna hasta que las milicias chiítas no acepten las reglas del juego político democrático y los antiguos baazistas regresen de algún modo a la vida pública, con una constitución que se respete y un parlamento fuerte”. Y cuando se le preguntaba, pocos días antes, al alcalde de Rumeitha, una ciudad situada en el sur chiíta del país si creía posible la reconciliación con los sunitas y los supervivientes del antiguo régimen, en tanto miembro del Partido del gobierno Al Dawa y político más votado del pueblo, respondía lo siguiente: “El partido Baaz debería ser legalizado de nuevo y debería participar del proceso político. Son parte de la población. Todos los profesionales e intelectuales del partido que no tengan las manos manchadas de sangre deberían regresar a sus puestos y reincorporarse a la Administración. Por ejemplo, la mayoría de los diplomáticos y muchos profesores universitarios. Es lo mejor para el país. Integrar a los que piensan diferente en el sistema democrático y no mantenerlos en la clandestinidad y las armas. Toma el ejemplo del Ejército del Mahdi, antes eran una milicia feroz, ahora son un partido político más (Saderistas), y no precisamente quienes están desestabilizando al país. Definitivamente, mi opinión es que el Partido Baaz debería ser legalizado y reincorporado al Parlamento. La democracia iraquí se haría más fuerte”.

El alcalde de un pequeño pueblo puede permitirse expresar opiniones como ésta, que no son compartidas por los miembros del gobierno, pero han sido escuchadas en repetidas ocasiones a lo largo de las semanas de estancia en Irak. A medida que aumenta el nivel de responsabilidad decrece la relación entre posicionamientos políticos de la ciudadanía y decisiones en consecuencia del régimen político existente.

Resulta especialmente sorprendente que se prohíba presentarse a las elecciones al actual Ministro de Defensa, Abdel Qader al-Obeidi, responsable de la exitosa transferencia de la seguridad de manos norteamericanas a manos iraquíes a lo largo del último año. El motivo: ha mostrado en público su apoyo a Iyad Alaui, principal adversario del Primer Ministro Al Maliki en las encuestas. En el Irak actual, incluso las leyes de reconciliación y memoria histórica respecto al pasado se utilizan, casi siempre, para la defensa de intereses privados. El precio, como siempre, lo pagan quienes pasaban por la calle en ese momento.

Un soldado norteamericano gesticula ante un grupo de haitianos durante un reparto de ayuda humanitaria.19 de Enero, 2010. (AP Photo / Jae C. Hong)

Haití no es Nueva Orleáns después del Huracán Katrina. Haití no pertenece a Estados Unidos. Pero la respuesta norteamericana a las consecuencias del terremoto bien podría equipararse a la que daría el gobierno de Obama ante cualquier catástrofe dentro de su territorio. O la que muchos exigieron a Bush tras el paso del huracán en 2005. Desde la donación inmediata de 100 millones de dólares a las promesas casi diarias de que Estados Unidos no abandonará a Haití una vez terminadas las labores de rescate y emergencia, Obama parece mirar a Haití como un Estado más. Y los medios americanos así lo contaron: “Haití, en todos los sentidos, se convirtió en el Estado número 51 el martes a las 4.53h de la tarde con el terremoto”, publicaba la revista Time bajo el título El ejército americano en Haití: Una invasión compasiva.

Una semana antes de que la tierra sacudiera Haití, Hillary Clinton comparecía en Washington para hablar sobre USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. USAID es una agencia con el orgullo herido, atrapada entre la falta de fondos para ayudas y acusaciones de que las últimas respuestas en el tsunami de 2004 y los terremotos en China en 2008 no fueron suficientes. Una semana antes de la catástrofe, la Secretaria de Estado norteamericana anunciaba reformas en USAID para convertirla en un ejemplo a nivel internacional.

Pero el despliegue de ayuda no se ha visto con los mismos ojos dentro y fuera de Estados Unidos. Para los americanos, empujados por el lenguaje de los medios de comunicación, el ejército y los marines han dejado de imponer su imagen más dura para dedicarse a entregar agua y comida. Aunque vayan armados. En el extranjero, sobran las preguntas sobre por qué hacían falta 10.000 efectivos del ejército, un buque y la guardia costera mientras Haití clamaba por personal sanitario y medicamentos.

Aterrizaje de los marines ante el Palacio Presidencial de Haití (Ramón Espinosa/ AP)

Algunos editoriales defendieron que el terremoto en Haití no pone tanto a prueba a Estados Unidos como a Obama. Es la oportunidad de cumplir otra de sus promesas: que no dejarán sólo a ningún país o pueblo necesitado. Y de rebote, la posibilidad de mejorar la imagen de Estados Unidos en el extranjero. Pero Obama respondió igual que Bush durante Katrina. Cuando el estadio de Nueva Orleáns quedaba atestado de desplazados por el huracán a finales de Agosto de 2005 y los servicios de emergencia de Louisiana fallaron, Bush envió al personal de Blackwater, la agencia privada de seguridad que después manchó su nombre en Irak.

El diario Los Ángeles Times ha descrito el despliegue de medios de comunicación en Puerto Príncipe como el mayor desde el tsunami en Asia en 2004. Y parecieron trabajar al unísono. Mientras las televisiones estadounidenses mostraban imágenes de haitianos arañando el cemento para rescatar a familiares, los titulares dictaban la preocupación sobre la seguridad. A ningún locutor le chirriaba ese rótulo hablando del peligro en las calles de Puerto Príncipe, cuando su voz acompañaba escenas de heridos, desplazados, huérfanos y haitianos solidarios con desconocidos bajo los escombros. Las cámaras de la CNN tardaron varios días en encontrar escenas de gente en busca de comida entre los cascotes de los supermercados. Para entonces, la llegada de miles de marines parecía obedecer el dictado de los titulares: “La seguridad se convierte en la preocupación número uno”.

Un artículo de la revista online Slate titulado “Por qué Estados Unidos se centró en la seguridad en vez de ayudar a los haitianos” concluía la semana pasada que cualquier respuesta a esta pregunta es negativa para los americanos. O bien Estados Unidos tiene intereses en el país caribeño que sólo el tiempo va a revelar, “o no importa de qué color sea nuestro presidente. Incluso cuando esté haciendo las cosas bien, el gobierno americano puede ser racista y, aún en una operación civil y puramente burocrática, salvajemente cruel”.

Los rostros de los haitianos pidiendo ayuda han recordado a muchos a las víctimas afroamericanas de Katrina. Los mismos que se quejaron por el lenguaje utilizado en función del color de las víctimas del huracán Katrina -el adjetivo de saqueador siempre acompañaba a los afroamericanos, los blancos eran víctimas-, se preguntan estos días por qué después del tsunami en Asia o el terremoto en China los titulares no nombraron problemas de seguridad.

Las televisiones norteamericanas se dieron prisa por retratar a los marines como guardianes de la ayuda. Para apoyar esta teoría, todos los días llegaban imágenes del mismo rincón comercial de la ciudad. Grupos de haitianos escalando entre los escombros para conseguir cualquier cosa. Comida o una caja de cartón. Algo que pudieran vender. Los reporteros norteamericanos a veces tuvieron suerte y hasta encontraban imágenes de la policía intentando hacerse con el control. La estrella de la CNN Anderson Cooper (en sus peores cifras de audiencia antes de aterrizar en Puerto Príncipe) se topa con un adolescente desorientado. Le acaba de caer una pedrada en la cabeza. La imagen de Cooper llevando al joven ensangrentado hasta otra esquina alimenta el horario de la CNN durante toda la tarde.

Un trabajador de una organización estadounidense de asistencia médica en catástrofes sostiene la mano de un niño herido (Gerald Herbert / AP)

En España Francisco Perejil nos contaba que para encontrar escenas como esta, bastaba con ir al mismo cruce de calles donde antes estaba la actividad comercial. En Estados Unidos nadie confesó que repetían localización a diario.

Las imágenes de Haití llegaban con los nombres y apellidos que los norteamericanos nunca ponen a sus víctimas nacionales. Sean soldados o civiles, sus heridas nunca llegan a la pantalla de televisión ni a las páginas de un periódico. Las de los haitianos aparecían después de dos mensajes. Uno, la advertencia de que podían herir la sensibilidad de algunos televidentes. Y dos, que los medios se veían obligados a mostrarlas porque “esa es la realidad ahora mismo”. Si los norteamericanos necesitaban ver el terremoto en directo desde dentro de un orfanato, esos 15 segundos de gritos en la oscuridad, o si de verdad hacía falta poner el micrófono del reportero de la CNN entre los escombros para escuchar a las víctimas pidiendo ayuda, no lo sabemos.

Este fin de semana los defensores del lector del New York Times y Washington Post dedicaron una columna a justificar el uso de estas imágenes. Para el Times, “resultó duro mirar algunas imágenes de sufrimiento y muerte, pero era imposible no publicarlas”. En el Washington Post, sin embargo, reconocen que los lectores esperaban ese tipo de imágenes, “pero no estaban preparados para ver durante días una representación tan gráfica de la muerte”.

Puede que sin esas imágenes no hubieran llegado millones de dólares a través de mensajes de texto. Aunque, seguramente, sin cada uno de esos fotogramas dedicado a una víctima el argumento de que el ejército estaba allí para ayudar no sería sostenible.

Rebecca Solnit, autora del libro “Un Paraíso Construido en el Infierno” sobre Nueva Orléans después de Katrina, estudia la reacción de las autoridades en catástrofes naturales. Según Solnit, desde el terremoto de San Francisco en 1906 las autoridades y las leyes que les amparan están más preocupados por la propiedad que por las vidas humanas. “En casos de emergencia”, escribe Solnit, “la gente puede y de hecho acaba muriendo por esas prioridades. O son disparados por pequeños robos o por robos imaginarios. Los medios no sólo empujan estos resultados sino que casi de forma repetitiva prepara el camino para que se dé esta reacción”.

Con ayuda de los medios o no, Estados Unidos ha conseguido crear una imagen de salvador en Haití. Sólo los marines podían garantizar la entrega de ayuda, por eso la custodiaron en el aeropuerto de la capital durante días, mientras las organizaciones internacionales en el terreno se quedaban sin palabras para explicar que necesitaban la entrada de personal sanitario y medicamentos. Sólo los marines podían garantizar la seguridad de aquellos que entregarían las botellas de agua y raciones de comida. Por eso esperaron los haitianos.

El buque hospital militar "Comfort" de EEUU, junto al barco de Greenpeace "Esperanza" con ayuda humanitaria para Médicos sin Fronteras, ambos atracados en Puerto Príncipe. Haití. 24 de Enero, 2010 (AP Photo/Gregory Bull)

En casa, Obama ha vendido el mejor ejemplo de su prometida diplomacia humanitaria, la de la compasión y el diálogo. La compasión llegó en forma de dólares, buques y soldados. El diálogo aterrizó con Hillary Clinton, quien se sentó junto a René Préval, presidente de Haití. No hubo imágenes de Clinton sobrevolando la zona de la catástrofe en helicóptero. Llegó, escuchó y se marchó.

En el terreno, quedan los marines sin fecha de regreso.

“Se llama Vikram” dice Fátima mientras su voz se envuelve en una sonrisa. Harmeet, un joven hindú, y ella acaban de registrar a su hijo recién nacido en los juzgados de Melilla. “Ya somos oficialmente los padres, los dos hemos firmado un papel”.

Hace cuatro meses, Fátima tenía tres preocupaciones: la evolución de su embarazo, la resolución de la solicitud de asilo que ha presentado al Gobierno español y la orden de expulsión de Harmeet. La naturaleza es más rápida que la burocracia y la primera obtuvo respuesta el pasado 2 de enero cuando nació Vikram, su primer hijo, un niño “grande y fuerte”. De la segunda, ha recibido buenas noticias esta semana cuando le notificaron que han admitido a trámite su caso. La tercera preocupación, que acabe separada de su pareja, amenaza con romper la buena racha.

Fátima (nombre ficticio) es una joven marroquí cuya historia ya contamos en P+DH que ha pedido asilo en España para no volver a su país, en el que está amenazada por su familia porque el padre de su hijo es hindú y no musulmán, y donde por ser madre soltera podría enfrentarse a penas de entre un mes y un año de cárcel. En octubre presentó su segunda solicitud respaldada por la Asociación Pro Derechos Humanos de la Infancia (PRODEIN), que inició una campaña de información y envío de mails al Gobierno exigiéndole que diera marcha atrás en su denegación de asilo.

Fátima pudo abandonar la chabola en la que vivía por miedo a ser expulsada y volver al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde ha pasado el resto de su embarazo y ahora se recupera del parto. “Todo el mundo está pendiente de mí y otras mujeres inmigrantes me ayudan con el niño porque todavía no puedo moverme bien”. Vikram, tendrá la nacionalidad india, como su padre, ya que su madre no quiere que sea marroquí y no puede ser español a pesar de haber nacido en Melilla. En España los hijos de extranjeros obtienen la nacionalidad de sus padres, no la española.

José Palazón/ Prodein

Está feliz porque acaba de saber que, esta vez sí, evaluarán su petición de asilo. Más allá de superar un obstáculo administrativo, la admisión a trámite de la solicitud, en la práctica, es un pasaporte para viajar a la península, la idea que persigue Fátima desde que llegó a Melilla hace más de tres años. Los solicitantes de asilo que pasan ese primer filtro tienen una ventaja que no afecta el resto de inmigrantes del CETI, reciben una tarjeta amarilla que les autoriza a cruzar el Estrecho y permanecer en España hasta que el Gobierno se pronuncie sobre su caso.

Si decidiera irse, Fátima podría ser atendida, junto a su hijo, en un centro de acogida gestionado por una ONG. Pero no se quiere ir porque en sus cuentas ya no es una sola, son tres. Ella, su pareja y su hijo, una suma que no admite restas. “No me voy de aquí si Harmeet no viene conmigo. Es el padre de mi hijo. Ahora somos una familia aunque no lo diga un papel y no podemos separarnos, no imagino vivir en España sin él y menos pensar en que se lo lleven de vuelta a la India”.

Harmeet y Fátima llevan juntos tres años, en abril ella se quedó embarazada y desde entonces no se han separado. Sin embargo, mientras a madre e hijo se les empiezan a abrir las puertas a una regularización, él sigue en la misma situación desde hace cuatro años, cuando llegó a Melilla, sin papeles y con una orden de expulsión que la policía podría ejecutar en cualquier momento. “Mi vida está en España. Vine buscando un trabajo pero he encontrado una familia. Ahora tengo la responsabilidad de mantener a mi hijo y no podré cumplirla si me deportan. El mismo temor tiene Fátima.”¿Qué pasa si yo estoy fuera de aquí y se lo llevan? ¿Cómo voy a saber lo que está pasando?”.

José Palazón/ Prodein

En tres meses tendrán una respuesta definitiva, como recoge la nueva ley de asilo para los casos tramitados por vía urgente como éste. Si es negativa, la joven no volverá a Marruecos. “Me iría a la India, porque él no podría venir conmigo a mi país, es hindú y mi familia ya nos ha amenazado, tampoco quieren a mi hijo”. Si es positiva y Fátima se queda en España, podrían casarse y solicitar la reagrupación familiar. La otra opción es que ambos sean registrados como familia dentro del CETI y que la Delegación del Gobierno en Melilla los enviara a la península e instalara en centros de acogida o pisos gestionados por una ONG, como hace con otras familias que viven en el centro melillense.

Aquí o donde sea, pero juntos. “Somos una familia normal, queremos casarnos, tener nuestra casa donde criar a Vikram”. Pero los tiempos de la Administración son largos y mientras concluyen su pareja sigue en la cuerda floja, sabiendo ambos que cualquier día Harmeet puede ser detenido en una redada policial de las que habitualmente se realizan en el CETI y deportado, dejando solos en España a su hijo y a su mujer.

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Raji Sourani (Foto: Patricia Simón)

Raji Sourani es el abogado palestino especializado en Derechos Humanos más reconocido internacionalmente. La primera vez que fue encarcelado por Israel, en 1979, pasó tres años en prisión por “actividades políticas”. Le siguieron dos encarcelamientos por ejercer como abogado defensor de las víctimas de la ocupación israelí. Sufrió torturas y Amnistía Internacional defendió su causa como preso político en 1988. Su independencia lo llevó a ser detenido durante 18 horas por la Autoridad Nacional Palestina por criticar la creación de unos tribunales propios. Es el fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos, promotor de la causa interpuesta ante la Audiencia Nacional española contra un ministro israelí y seis militares por un bombardeo a la casa de un miembro de Hamás que acabó con la vida de catorce civiles. La labor de Raji Sourani fue reconocida por la República Francesa con el Premio Derechos Humanos en 1995, dos veces por la Fundación Robert Kennedy, por la Asociación Internacional de Juristas de Londres en 2003, y hace apenas un mes por la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía.

¿Cuál es la situación en Gaza un año después del ataque?

Nada ha cambiado. De hecho, la situación es mucho peor porque todo sigue como entonces: la destrucción, no hay máquinas ni cemento para la reconstrucción y, por supuesto, el bloqueo ilegal de medicinas. El sitio continúa, estamos aislados. No tenemos agua potable, petróleo, gas para cocinar, medicinas, hospitales, quirófanos. No hay reciclaje de aguas ni residuos. Todo va al mar, que está absolutamente contaminado.Hay más de 5.000 discapacitados como consecuencia de esta guerra. Las heridas psicológicas y físicas siguen abiertas. La comunidad internacional no paraba de decir que iba a reconstruir Gaza después de la guerra, pero no lo han hecho. Y una de las cosas más peligrosas: los palestinos pensaban que podrían actuar legalmente contra los métodos ilegales de Israel, ya fuera a través de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, del Informe Goldstone o a través de la justicia de países de la Unión Europea como la española. Pero ahora, que ven que no ocurre nada, se piensa que los ataques contra civiles se pueden repetir en cualquier momento. La gente tiene miedo del mañana.
En resumen, en Gaza hay dos máquinas de matar: una es el desastre humanitario y otra es que no hay Corte que juzgue contra esta impunidad.

Cuando nos encontramos con Raji Sourani está inmerso en una gira por toda España que ha organizado aprovechando la entrega del premio de la organización andaluza. En cada una de las ciudades se reúne con organizaciones  amigas de la causa palestina, ofrece conferencias y atiende a los periodistas. Lleva años denunciando internacionalmente la situación de los Territorios Ocupados de Palestina, explicando, repitiendo y contagiando del convencimiento, de la confianza que el tiene depositada en la legalidad, porque es lo único que le queda, “la única arma de los débiles”, como la define Luis García Montero. Su rostro desvela su cansancio, pero su amabilidad, su buena disposición son sólo la antesala de la capacidad de su discurso, y del tono de su voz para prevenirnos de panoramas aún más desoladores.

¿Cómo cree que va a afectar a Gaza la construcción del muro metálico bajo tierra en la frontera con Egipto?

El muro no va a ayudar a resolver el problema. Estamos en el mundo de internet donde no hay fronteras. Estamos en el mundo post-muro de Berlín. Del otro muro, el que separa Israel de Gaza, la Corte Internacional de Justicia, no sólo ha dicho que es ilegal sino que es un crimen de guerra y que debería ser castigado por la Comunidad Internacional. Este nuevo muro sólo va a provocar más aislamiento, y cuando digo aislamiento, quiero decir extremismo, sangre y destrucción. Esto nos sitúa en un panorama no muy lejano, en el que el 60%  de la población será menor de 18 años, en el que aparecería la primera generación de extremistas de élite, siguiendo la estela de Bin Laden.

¿Por qué decidís hacer un informe semanal sobre las violaciones de Derechos Humanos?

El informe semanal recopila los crímenes de la ocupación porque los crímenes de guerra necesitan ser legalmente documentados y difundidos. Israel pidió que el Papa se disculpara por haber estado al tanto de la persecución de los judíos y el Holocausto y no haber actuado. Pues nosotros nos queremos asegurar de que la gente lo sabe y de que nadie pueda decir que no lo sabía. Los trabajadores sobre el terreno documentan las violaciones en todos los planos: salud, movimiento, educación…Nosotros lo hacemos en árabe y en inglés, y amigos de todo el mundo que creen en la democracia lo traducen a otras lenguas .

¿Qué papel juega Palestina hoy en un mundo árabe con Afganistán e Irak en el centro de la atención internacional?

El corazón del mundo árabe es Palestina. El corazón de los musulmanes, Palestina. Cuando los europeos no reconocieron nuestra democracia en las elecciones de 2006, que cumplían todos los requisitos y estándares de las principales democracias del mundo, nos estaban castigando. Esto mató toda la esperanza para los que creíamos en un compromiso de Europa con los Derechos Humanos. Europa traicionó y disparó a la cabeza de esta esperanza. La gente en Egipto, Siria y Marruecos, se preguntó si realmente tenía sentido comprometerse con la lucha por la democracia si Europa luego no iba a reconocer los resultados de las elecciones. ¿De qué vale?

Cuando la gente ve que después de estos crímenes de guerra, las cortes internacionales no hacen nada, que el Informe Goldstone que propone a la comunidad internacional medidas concretas es votado en contra por Europa. La gente se pregunta si ésta es la Europa que queremos, la de los principios civiles, la de los derechos internacionales. Europa está actuando como Bin Laden, con la ley de la selva. Y los defensores de los Derechos Humanos árabes nos avergonzamos de Europa. No es lo que esperábamos de ella. El comportamiento de Europa con el puebo palestino es observado por todo el mundo árabe y musulmán y tiene consecuencias.

Pero igualmente pedimos a la Corte Penal Internacional que proteja a los civiles que están subyugados a vivir en una situación criminal. Y la ley le obliga a protegerles. Ésa es nuestra reclamación, que Europa nos proteja.

Usted es abogado y un incansable defensor de la ley y la justicia. ¿Cómo es luchar diariamente por la justicia en un territorio donde pocas veces ha triunfado?

Nosotros hemos tenido grandes derrotas y grandes éxitos. La gran derrota es llevar los últimos 32 años trabajando contra el sistema ilegal civil y militar de Israel, que muchos definen como muy civilizado, fantástico. Entonces, ¿por qué no lo ponen en práctica? Su sistema es muy bueno para los judíos pero cuando se trata de la ocupación palestina aprueban la tortura, los asesinatos políticos, la confiscación de tierras, los asentamientos, las ejecuciones, un muro ilegal según la CPI. Es muy frustante.

Pero, por otro lado, estoy muy satisfecho porque todas las organizaciones de Derechos Humanos sin excepción –palestinas, israelíes como B´Tselem, Amnistía Internacional, Human Rights Watch– comparten nuestros planteamientos. Nadie discute los hechos, los parámetros ni las conclusiones. Y en este sentido sí hemos avanzando porque antes el mundo solía decir “Son palestinos, árabes, están mintiendo, Israel, una democracia, es la víctima”. Sin embargo, nos siguen pidiendo a nosotros la paz. La justicia no es contradictoria con la paz y en Palestina no hay nada que promueva la paz: la asfixia económica, la destrucción y la muerte diaria, la tortura no promueve la paz. Estamos contentos por el consenso en los hechos pero, desgraciadamente, Europa y Estados Unidos con sus acciones con respecto a Palestina no están eligiendo el gobierno de la ley, sino la ley de la selva.

¿En que situación se encuentra la demanda que usted promovió ante la Audiencia Nacional contra un ministro y siete soldados israelíes?

Estamos muy satisfechos porque la Audiencia Nacional haya admitido a trámite este caso. Le pongo en situación para que entienda la gravedad de los hechos: cinco minutos antes de la medianoche, en un barrio céntrico, un cazabombardero dispara una bomba de una tonelada donde vive un miembro de Hamás. Murieron catorce civiles, entre ellos ocho menores, uno de ellos un bebé de dos meses, y dos ancianos. Setenta personas resultaron heridas, once casas destruidas totalmente y otras 32 muy dañadas.

Pero cuando el Ministro Moratinos se disculpó ante la Ministra de Defensa israelí por este hecho, lo que había sido un día de esperanza se convirtió en un día de vergüenza. No estamos hablando de Yemen, se trata de España, emblemática por su jurisdicción universal, por su compromiso con los Derechos Humanos. Cuando la Justicia española decidió juzgar a Pinochet, nosotros nos sentimos muy orgullosos. Pero los políticos españoles han decidio, en lugar de enfrentarse con este holding de la impunidad de los criminales, disculparse y cambiar la ley. Ahora, nuestros abogados en España se han convertido en víctimas de una reforma que consideramos inconstitucional. Pero el proceso legal continúa e iremos tan lejos como podamos.

¿Si no fuera abogado, que le gustaría ser?
Granjero. Me encantaría vivir en una granja, en el campo, cultivar y tener unas cabras y ovejas. Y tranquilidad. Llevo 32 años trabajando contra la ocupación y sus crímenes, con historias humanas terribles. Por supuesto que soy extremadamente afortunado, porque a través del Centro Palestino de los Derechos Humanos estamos contribuyendo a formar una ciudadanía, al orden de la ley, de los Derechos Humanos. Y porque gracias a esto, he ido conociendo a la crème de la crème de las personas comprometidas con la ley y la democracia en todo el mundo. Pero, como todo ser humano, a veces necesitamos algún tipo de descanso.